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Sin justicia no hay paraíso

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Foto: pj.gob.pe

El titular podría parecer un poco excesivo, pero la verdad es que en las actuales circunstancias, cuando se discute en el Congreso medidas aisladas para reformular las procuradurías, el CNM y la fiscalización de jueces, creemos que el tema resulta absolutamente pertinente, en la búsqueda de un enfoque integral y efectivo. 

Sin embargo, la urgencia no debe llevar a  soluciones improvisadas, personalistas y menos con cálculos electoreros, ni en el Congreso, pero tampoco en los fueros judiciales y fiscales que deben entender la trascendencia del asunto. Por ello nos llama positivamente la atención la insistencia del  nuevo Gobierno en contribuir a mejorar el sistema de administración de justicia, ahora a través del remozamiento del Acuerdo por la Justicia, con base en el Acuerdo Nacional.

No se trata de un asunto teórico, sino de algo terriblemente real que afecta nuestra vida diaria y la marcha del país: Efectivamente, ¿cómo podremos luchar contra las grandes lacras que amenazan a todos los peruanos, tales como la violencia criminal, la inseguridad ciudadana y la corrupción sin un sistema de administración de justicia idóneo? La impunidad, la venalidad, la informalidad, la provisionalidad y la indolencia son enemigas de la justicia y del orden, pero lamentablemente siguen enquistadas en el sistema.

EL ESTADO AL SERVICIO DEL CIUDADANO

Más aún, la urgente necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y el Estado de derecho, en que cojeamos históricamente, demanda también la mejora del sistema de justicia.  

El más reciente informe del Fraser Institute (https://www.fraserinstitute.org/resource-file?nid=10159&fid=4820) revela que en el Índice de Libertad Económica Mundial seguimos en una posición mediocre (puesto 52, mientras Chile está en el puesto 13 y Venezuela en el último lugar 159), debido, entre otras cosas, a las fallas en la integridad, imparcialidad e independencia del sistema judicial, así como en la protección de  derechos ciudadanos a la hora de contratar y garantizar la propiedad. Y, según recientes encuestas de Ipsos, casi el 80% de los peruanos desaprueba la gestión del Poder Judicial, al que califican como ineficiente y corupto.

Como ya lo hemos subrayado en esta misma columna (20/04/2016), “el país no puede  continuar con un sistema judicial tan desprestigiado (…)  Asimismo, tiene que adoptarse mecanismos de presupuesto por resultados,  de más transparencia y de rendición de cuentas, así como de sanción  drástica y sumaria a los jueces que ‘venden’ sus sentencias al mejor postor”.  

Las cosas no pueden continuar así. Si queremos  un país moderno, ha dicho correctamente, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, el acuerdo por la justicia constituye una medida urgente, necesaria e impostergable, dentro de la promesa de campaña de poner el Estado al servicio del ciudadano y no al revés.

De antemano, es positivo que este relanzamiento del Acuerdo por la Justicia se haya dado dentro del seno del Acuerdo Nacional, espacio de deliberación en el que tienen que buscarse los consensos necesarios para construir políticas de Estado de largo plazo; y que, además de los miembros de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y del Poder Ejecutivo, hayan participado la primera vicepresidenta del Congreso, Rosa Bartra;  el titular del Poder Judicial, Víctor Ticona; el fiscal de la Nación  Pedro Chávarry y el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila.

EL PODER JUDICIAL NO ES DE LOS  JUECES

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, ha anunciado algunos compromisos preliminares dentro del gran objetivo, como fomentar la interoperatividad entre los órganos judiciales, para cruzar información entre el Poder Judicial, la Fiscalía y el sistema penitenciario, lo cual es muy positivo.

Sin embargo, eso es solo la punta del iceberg, frente a las  grandes metas de garantizar el acceso universal a la administración de justicia, y lograr que este sea imparcial, expeditiva, predictible y con respeto irrestricto del debido proceso. Esperamos que los avances se informen periódicamente a la nación.

Definitivamente, esta titánica tarea no puede estar solo en manos de los jueces y fiscales, ni de los organismos  adjuntos al sistema que también deben ser reformados. Entendiendo que el Poder Judicial es de todos y para todos los peruanos, en su reforma deben participar  representantes de los diversos estamentos del Estado y de la sociedad, con un enfoque integral mirando el bosque y no el árbol de iniciativas particulares que no resuelven el gravísimo problema de fondo.

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