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Violencia criminal: ¡El Estado debe responder ya!

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Foto: elcomercio.pe

La mexicanización, violentista y mafiosa de nuestra sociedad puede traernos como consecuencia, la paralización de nuestro conocimiento, la perdida de la esperanza de ser un país desarrollado para lo que es más grave convertirnos en un estado fallido.

Esto último no lo vamos aceptar y lucharemos hasta la última gota de sangre que nos queda, para hacer que esto no suceda.

¡Pero hasta cuándo! Eso es lo que los peruanos nos preguntamos una y otra vez ante la sangrienta y aborrecible  arremetida de sicarios y bandas criminales que, cada vez con más descaro y crueldad, y a plena luz del día,  roban casas y restaurantes, asaltan y matan cambistas, y más recientemente han apuntado a los universitarios de mochila y celular como blanco fácil de sus fechorías. Varios jóvenes que se resistieron a los malhechores han sido enterrados en los últimos días.

Según encuestas de la PUCP, de  Ipsos y del INEI, la delincuencia y la inseguridad ciudadana son la principal preocupación de la mayoría de ciudadanos que han sido víctimas o testigos de la ola criminal.

¿Y qué hacen las autoridades ante esto? En verdad, si hablamos de percepción, lo que los peruanos sentimos es que  los últimos meses de este gobierno están siendo realmente, como dice el argot popular, “de muerte” a decir del exponencial incremento de la inseguridad ciudadana. La realidad es que las bandas criminales andan sueltas y gozando de una vergonzosa impunidad, de lo que tienen que asumir responsabilidad el Gobierno -que maneja la Policía Nacional y los penales--, así como los jueces y fiscales que por indolencia o corrupción se han convertido en comparsas de la criminalidad.

“POLICÍA EN ESTADO DE EMERGENCIA”

En cuanto al Gobierno, lo que vemos son decisiones improvisadas según como sople el viento, y/o la toma de estas decisiones son de pronóstico reservado. Tras la ampliación de la declaratoria de emergencia en el Callao, que no ha dado resultados esperados, otros distritos como San Martín de Porras piden lo mismo, e incluso muchos líderes de opinión, interpretando el estado de indefensión y desesperación de las mayorías, están pidiendo lo mismo para toda la capital y señalan que el que está en “estado de emergencia” es el alto mando de la Policía Nacional.

El estado de emergencia no creemos que sea la solución para Lima, pues sería como la capitulación del Estado ante la ola criminal. Pero tampoco es una buena medida  traer policías de otras zonas del país para resguardar la capital, lo que sería como desvestir un santo para vestir otro, dado que la delincuencia se ha incrementado en todo el país.

Y, mientras el Gobierno no termina el proceso de eliminación del polémico 24x24, a la espera de un quinto aumento que despende del Ministerio de Economía y Finanzas, no se evidencia los frutos de esta medida en el fondo positiva, pero que solo funcionará dentro de una política integral que lamentablemente no existe.

Efectivamente, este Gobierno que pidió, y recibió del Congreso,  facultades extraordinarias para luchar  contra la seguridad ciudadana, no ha sabido o no ha podido usarlas con eficiencia y responsabilidad, con los terribles resultados a la vista  donde la crónica roja copa cada vez más las portadas y espacios de los medios de comunicación.

Muchos nos preguntamos: ¿Luego de años de debates, por qué es tan difícil instalar los bloqueadores de celulares en los principales penales?

 ¿De quién depende el proceso de licitación e instalación? ¿Qué autoridades son las que, quién sabe por qué razones, retrasan esta aplicación técnica para evitar que los capos de las mafias sigan dirigiendo secuestros y crímenes desde las cárceles?

¿Y DONDE ESTÁ EL CONASEC?

Y, complementariamente, ¿qué se está haciendo para repotenciar la inteligencia policial y desbaratar estas mafias del crimen antes de que ataquen, y no estar actuando solo reactivamente cuando sucede un hecho escandaloso como el del Barrio Chino? ¿Y qué pasó con la iniciativa para controlar y rotular las motocicletas, vehículos preferidos ahora por los ladrones asesinos?

Lo que se ve aquí entonces son decisiones improvisadas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, que no responden a un plan integral sino a las circunstancias del momento. ¿Y dónde está el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) que, como anunció al inicio de gobierno el presidente Ollanta Humala, debía centralizar y organizar la respuesta del Estado a la violencia criminal? Pues nadie lo sabe y si las cosas siguen así, difícilmente se logrará contener a las bandas delincuenciales que medran de la ineficiencia del Estado, con abierta impunidad.

La corrupción policial es otro tema gravísimo. Al respecto está bien que se haya detenido al comisario de Nuevo Chimbote, que circulaba con más de 100 kilos de cocaína y que se haya detenido a otros policías que trafican con combustible o se han pasado al lado oscuro.

No obstante, estas son acciones aisladas si es que no se apunta a desmantelar la corrupción institucionalizada, no solo en el manejo de partidas de todo tipo y las “coimas compartidas”, sino también en el sistema de ascensos, permisos y cambios de destino, y hasta en el sistema de sanidad policial, cuyo hospital general es un emblema clamoroso de ineficiencia y corrupción.

El Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso  tampoco pueden eludir su responsabilidad.

Son innumerables los casos de cabecillas de bandas de ladrones o narcotraficantes que, inexplicablemente, son liberados rápida y sospechosamente por incomprensibles decisiones judiciales o fiscales. Las máximas autoridades de estas instituciones, así como la OCMA y los órganos de control, deben una explicación al país sobre el accionar de estos malos magistrados que tienen que ser depurados y denunciados penalmente por el gravísimo daño que hacen a sus instituciones y la sociedad.

El Congreso, en tanto, no puede enfrascarse en un debate tardío sobre la revisión de un Código Penal con criterios irrealistas, sino que debe dejar este tema tan vasto al próximo Parlamento que tendrá que buscar la asesoría de connotados juristas para esta ardua tarea.

¿Y QUÉ DICEN LOS CANDIDATOS?

Por ello no solo, tenemos que exigir nuevamente al Gobierno que restaure el orden interno y el principio de autoridad hasta el último día de gestión. Sino también, debemos pedir a los candidatos que afinen sus planes para ser ejecutados apenas asuman el poder, cualesquiera que sea el elegido o elegida.

Por lo pronto, el debate técnico de la semana pasada en el Cusco hace abrigar esperanzas de una acción más decidida ante el crimen rampante.

 Según lo expuesto por los representantes de Peruanos Por el Kambio (PPK) y de Fuerza Popular (FP), Gino Costa y Marco Misyahisro, hay algunos puntos de coincidencia como en el reforzamiento de la inteligencia policial, pero difieren en otros aspectos como el dar más énfasis a la prevención y mejorar los sueldos de los policías (PPK), y del otro lado  retornar  parcialmente al sistema de 24x24 y permitir la presencia de las fuerzas armadas apoyando a la PNP (FP).

¡No más robos ni asesinatos! ¡No más muertos ni heridos! ¡No más zozobra y miedo!

Los peruanos no podemos continuar en este estado de indefensión que amenaza nuestra propiedad y nuestra vida y afecta absolutamente la convivencia social y la dinámica económica.La situación es realmente crítica y pone a prueba la esencia misma del Estado, que debe usar todos los medios que le provee la Constitución para  garantizar el orden y la tranquilidad pública, así como los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la propiedad.

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