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Prohibir publicidad estatal es discriminar y atentar contra derechos ciudadanos

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Cuando el país reclama urgentemente una serie de trascendentales reformas que el Congreso rehúye de modo inexplicable e irresponsable, el parlamentario aprista Mauricio Mulder ha sacado, de debajo de la manga, un proyecto (No. 2133), que busca prohibir a los organismos estatales de cualquier nivel la contratación y difusión de anuncios en medios privados.

  Tal radical iniciativa,  muy similar a la presentada meses atrás por el fujimorista Modesto Figueroa, es no solo lesiva[GPA1] para la libertad de información,  sino también discriminatoria y sumamente contraproducente, al introducir un nuevo elemento disociador en el ya áspero clima político.

  En el fondo, lo que se está afectando primariamente es el derecho ciudadano a recibir información pública. Según  la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 19), todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, que incluye el de “recibir informaciones y opiniones”, más aún si estas conciernen a las garantías que el Estado debe darle para salvaguardar su vida, integridad y derechos básicos.

GESTIÓN PÚBLICA: CIUDADANOS NECESITAN SABER

Imaginemos, por ejemplo, una campaña de vacunación ante una epidemia grave, o, en menor grado, o un corte de agua en determinados sectores, donde  las redes sociales (solo la mitad de la población accede a Internet) son insuficientes y los medios estatales no llegan a todo lugar o gozan de poca acogida. Allí se necesita evidentemente la participación de los medios privados, con mayor cobertura y ráting a través de anuncios publicitarios.

En tal sentido, el Defensor del Pueblo, Wálter Gutiérrez, ha advertido atinadamente que dicho proyecto afecta el derecho fundamental de los ciudadanos a conocer qué sucede con la gestión pública, por lo que resulta inconveniente.  En ello coincide con propio compañero de partido de Mulder, Jorge del Castillo, quien ha expresado su total desacuerdo con el proyecto por razones principistas.

Es verdad que, en los diversos gobiernos, se han dado serios problemas en la asignación de la publicidad estatal. Según el congresista Mulder, lo que su proyecto buscaría es evitar que algunos funcionarios, sobre todo en provincias,  morigeren la crítica de ciertos medios asignándoles publicidad; y que algunos malos periodistas presionen y amenacen con denuncias a ciertos funcionarios para acceder a los presupuestos publicitarios estatales.

 Todo esto es intolerable,  antiético y tiene visos delictivos. Sin embargo, no se puede generalizar en función de casos aislados; y mucho menos cuando se estaría conculcando el derecho ciudadano fundamental a la información pública y la libre competencia. El camino no es la prohibición; menos cuando existen reglamentos que deben cumplirse o, en todo caso, debatirse y mejorarse sin apasionamientos.

CPP:  SÍ AL DEBATE: NO A PRESIONES  CONTRA LIBERTADES

Desde el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) vemos con mucha preocupación estos proyectos, de Fuerza Popular primero y ahora del Apra.  Al respecto, hemos recordado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que  la distribución arbitraria de publicidad estatal constituye “una modalidad de censura indirecta que busca ejercer presión sobre los medios de comunicación a fin de condicionar su línea editorial”. Pero también que “tanto la ausencia de regulación como la regulación excesiva o inadecuada del tema favorecen el uso inadecuado de los recursos del Estado para influir sobre los contenidos de los medios”, lo que resulta igualmente inaceptable.

Por lo mismo, el CPP enfatiza, como ya lo ha destacado la Relatoría para la Libertad de Expresión, que existe un marco regulatorio que establece los criterios generales y requisitos para la contratación directa de publicidad estatal, así como mecanismos para fiscalizar la transparencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos destinados al mencionado fin, que deberían ser analizados en el contexto local.

“Esta normativa garantiza el uso adecuado de la publicidad estatal como un medio idóneo para promover conductas de relevancia social y la participación ciudadana, así como para difundir servicios públicos esenciales para la población”, precisamos en reciente comunicado.

Lo que no se puede aceptar es que nuestra legislación introduzca nuevas propuestas para ejercer presión, por la vía de la regulación, contra los medios de prensa, lo que constituiría una “grave amenaza a la libertad de expresión que merecería nuestro más enérgico rechazo”.

SIP Y CPP

  La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por su parte, una organización de larga tradición en defensa de la libertad de información en el continente, también ha rechazado el polémico proyecto, por “lesionar el derecho a la libre competencia y el libre mercado”. Lo que se necesita, ha afirmado con buen juicio,  no son prohibiciones, sino leyes que promuevan la transparencia en los criterios de asignación de publicidad y garanticen la vigencia del derecho de la gente a estar informada.

A su turno, el decano del Colegio de Periodistas, Max Obregón Rossi, ha declarado también que el proyecto es inaceptable y parece ser un modo de “fastidiar a los medios de comunicación masivos que son adversos a los políticos y una manera de castigo”. La Constitución señala que “no debe haber discriminación y (con el citado proyecto) estamos discriminando a los medios privados”. Agregó que “muchas personas no tienen acceso a Internet o redes sociales; y los medios del Estado no llegan a todos los rincones del país”.

 ¿SANCIONAR A LOS MEDIOS INCÓMODOS?

 En el mismo sentido, resulta interesante, desde otra orilla, la opinión del doctor Roberto Pereyra, experto en derecho de la información pública. Para el jurista,  el proyecto de ley, lejos de optimizar los recursos del Estado, afectaría a los medios de comunicación discriminándolos de una fuente de ingreso como es la publicidad. Sería “una forma de querer sancionar a los medios privados que resultan incómodos para los políticos por informar sobre sus cuestionados líderes. Sin lugar a duda, es una medida que afecta la libertad de expresión”, ha sentenciado.

Al respecto, es oportuno recordar que el detonante de la denuncia de Mulder fue una reciente campaña de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en defensa de los universitarios y contra los excesos de algunas universidades. También  que Mulder, al igual que otros parlamentarios, ha tenido una posición crítica y de rechazo contra la Sunedu desde su creación.

El tema de fondo es, pues, ciertamente complejo y debe ser tratado con objetividad y realismo, con un debate desapasionado. No obstante, de antemano,  debemos advertir que no se puede hacer generalizaciones y menos tomar medidas extremas, no solo por razones constitucionales, sino porque finalmente los más afectados serían no solo los medios de comunicación privados, sino más que todo los ciudadanos, cuyo derecho fundamental a ser informado estaría siendo burda e injustamente retaceado.

No podemos usar una motoniveladora para arreglar nuestro patio casero. No caben fórmulas radicales, so riesgo de que el remedio sea peor que la enfermedad. Si es que hay que afinar el marco legal, como firmes defensores del sistema democrático, en el Consejo de la Prensa  nos ponemos a disposición del Congreso y de los ciudadanos, como un espacio abierto para debatir, con realismo y ponderación,  la necesidad de reforzar los mecanismos para la distribución de la publicidad estatal, con transparencia, equidad y sin riesgos para la libertad de expresión.

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