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#pancartasdemarchaporlavida

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Ilustración: Guillermo Figueroa

En la práctica, y dejando de lado el lenguaje de las relaciones públicas y las presentaciones protocolares, lo que eso significa es que se oponen a cualquier tipo de legislación que permita el acceso legal de miles de mujeres peruanas a un aborto seguro, incluso en caso de violación o cuando su embarazo es inviable.

El afiche principal que han escogido este año para promocionar el evento es claro: una mujer felizmente embarazada (y muy embarazada, a juzgar por su silueta) y una invocación a proteger al niño que ella y todos llevamos dentro (todos, hombres y mujeres, como si la experiencia y consecuencias de un embarazo fuesen iguales para ambos sexos). Al verlo, una pensaría que una terrible amenaza pende sobre las cabezas de esa pobre mujer y su indefenso hijo por nacer. Pero, ¿es así?

En nuestro país, el aborto se encuentra penado en todos los casos, excepto el terapeútico. Es decir, la Marcha por la Vida no aboga por un cambio en la actual legislación, sino porque se mantenga el statu quo de los derechos reproductivos en nuestro país. Más bien, suelen bloquear cualquier iniciativa legislativa que busque regular la situación del aborto en el Perú, como lo han hecho en el pasado con proyectos que intentan promocionar la educación sexual en los colegios nacionales, ampliar el uso de métodos anticonceptivos entre la población y asegurar el acceso grauito y extendido del anticonceptivo oral de emergencia en dependencias del Estado.

Entonces, habría que preguntarnos, ¿cuál es el statu quo que defiende la Marcha por la Vida?, ¿qué es lo que no nos cuentan sus pancartas? Bueno, aquí va.

En el Perú, se estima que 1000 mujeres abortan todos los días. Flora Tristán calcula que, al año, más de 360 mil mujeres se someten a abortos clandestinos en nuestro país; el Colegio Médico pone la cifra anual alrededor de 400 mil. Es decir que, a pesar de su prohibición, un aborto no es raro ni excepcional. Las mujeres que abortan vienen de todas las clases sociales, viven en todos los rincones de nuestro país y se desempeñan en todas las profesiones imaginables. La estudiante de colegio estatal, la abogada de éxito, la secretaria, la funcionaria pública en provincia, la quinceañera que veranea en Asia, la enfermera, la política, la conductora de noticias, la que se cursa una maestría, la que no completó la secundaria, la campesina, la prostituta, la madre de familia: la chica que no usó anticonceptivos, la chica a la que le falló el condón, la que fue violada una y otra vez por un miembro de su familia. 1000 mujeres diarias, que comparten oficina, centro de estudios, casa o barrio contigo y conmigo.

De estas 360 mil mujeres, alrededor de 65 mil son hospitalizadas todos los años por complicaciones vinculadas a abortos clandestinos e inseguros, muchas de ellas con consecuencias graves y permanentes. Quienes llegan a un hospital con un aborto incompleto o con una infección reportan tener que lidiar con el acoso de enfermeras y médicos que se rehusan a atenderlas o que las atienden en medio de ataques e insultos. A pesar de estarse desagrando, de volar en fiebre o de desmayarse, muchas mujeres no buscan atención médica por miedo a ser denunciadas a la policía en un país en el que el aborto está prohibido. La ONG Manuela Ramos calcula que 2 mujeres mueren todos los días por abortos clandestinos.  Todo esto a pesar de que un aborto, practicado en condiciones adecuadas y seguras, es un procedimiento médico que implica un riesgo menor que una extracción de admígdalas.

Según el Ministerio de la Mujer, el 73% de las denuncias por violaciones corresponden a niñas y adolescentes. En el 2012, se reportaron 3 mil 300 violaciones a niñas menores de edad y el promedio nacional revela que el 34% de las menores de edad violadas quedaron embarazadas (a pesar de lo que cierta periodista diga en Twitter). En el Perú, si eres una menor de edad violada, lo más probable (70% de los casos) es que tu victimario haya sido alguien que conoces bien: tu padre, tu padrastro, tu tío o tu hermano. Si es así, lo más probable es que tengas incluso más miedo a denunciarlo y que prefieras callar. Es probable también que el abuso sea sistemático. Si este es tu caso y perteneces a un estrato socioeconómico bajo o vives en zonas rurales, no podrás acceder a un anticonceptivo de emergencia, que se encuentra a la venta en las farmacias pero no se distribuye gratuitamente en las postas u hospitales del Estado a los que podrías acercarte. Posiblemente ni siquiera conozcas la existencia de la “pastilla del día siguiente”, porque no está considerada como un derecho reproductivo en nuestro país. Si la conoces y vives cerca de una farmacia y tienes el dinero que se necesita para adquirarla, lo más probable es que el dependiente de la farmacia te exija una receta médica para entregártela, a pesar de que está probado que la efectividad de la pastilla se reduce conforme pasan las horas. Una visita a un ginecólogo no solo te quita tiempo, sino que demanda un gasto incluso mayor. Lo más probable es que estés asustada, que nadie te haya informado nunca de tus opciones, que no puedas pagar un doctor, que las horas sigan pasado, que no sepas a quién recurrir porque el mismo dogmatismo que defiende la penalización del aborto es también responsable de dificultar con su oscurantismo que puedas acceder a información sobre tus alternativas. Si después de todo esto, resultas embarazada, el Estado peruano te obligará a continuar con ese embarazo. Así hayas sido violada, así seas menor de edad, así no hayas tenido acceso a un anticonceptivo de emergencia.

Hay más. En el Perú, si tu embarazo pone en riesgo tu vida o si estás embarazada de un feto cuya supervivencia después del parto es declarada inviable, probablemente te veas forzada a continuar con la gestación. En todo nuestro país, solo 12 hospitales – entre ellos el Instituto Materno Infantil – tienen un reglamento interno que regula y garantiza el acceso al procedimiento. El Colegio Médico del Perú declaró en el 2011 que aproximadamente 200 mujeres mueren al año por no poder acceder a un aborto terapeútico a pesar de que este es legal en nuestro país desde hace exactamente 90 años (1924).

Si las condiciones de tu embarazo implican que tienes derecho a un aborto terapeútico, quizá te suceda lo mismo que a KLL, menor de edad embarazada a quien se le negó un aborto y se obligó a llevar a término un feto con anencefalia, al que tuvo que dar de lactar durante los cuatro días que sobrevivió después de nacer. O tal vez te suceda lo que a LC, niña de 13 años que intentó suicidarse saltando de su techo al enterarse que estaba embarazada después de haber sido violada. A pesar de que necesitaba una operación de urgencia, el equipo médico del hospital al que acudió se rehusó a realizársela, por considerar que ponía en riesgo su embarazo. El primer caso fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el trato de KLL constituyó una violación al derecho de estar libre de tratos inhumanos, crueles y degradantes. El caso de LC fue repudiado por EDAW (el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU) por considerar que el Estado Peruano había violado el derecho de LC a la salud y a no ser discriminada.

Esa es la situación de miles de mujeres en nuestro país que la “Marcha por la Vida” busca continuar. Esas son sus consecuencias. Cuando las pancartas con imágenes de bebés y mujeres embarazadas recorran las calles de Lima, sería bueno recordar lo que en verdad quieren decir. Y sería bueno recordar también que la penalización del aborto convierte a los derechos reproductivos en un asunto de clase en el que las mujeres más pobres y vulnerables de nuestro país se llevan la peor parte. Quien puede pagar un aborto seguro, lo tiene; quien no, termina desangrada sobre una mesa en un garaje. Es así de crudo.

Finalmente, las empresas privadas tienen todo el derecho de auspiciar una marcha que defienda la continuación de esta situación. Lo que resulta indignante y verdaderamente inaceptable es que municipalidades distritales (como las de Jesús María, Magdalena y Pueblo Libre) auspicien y subvencionen con fondos públicos movimientos que buscan obstruir, incluso, la regulación de un procedimiento que es legal en nuestro país y que el Estado debería defender.

Ese es nuestro statu quo. Y eso es lo que ninguna pancarta dirá.

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