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¡Hora de desmantelar mafia ancashina!

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¿Dónde quedan los controles democráticos y constitucionales? ¿Cómo es que se ha permitido, por tanto tiempo, el afianzamiento de un poder paralelo de tal calaña que estaría usando los recursos de todos los ciudadanos no para protegerlos sino para atacarlos en aras de proteger los oscuros intereses de un grupúsculo ilegal? ¿Es que en Áncash la ley, la libertad y la vida no valen nada?

Solo en las últimas horas el Congreso, tras acalorado debate y quizás como una manera de reivindicarse, después de tirar por la borda una reciente moción similar, ha acordado formar un grupo multipartidario que investigue la gestión regional y dé más luces sobre la ola de violencia que abate tierras ancashinas. Las premisa básicas de trabajo son: no se puede usar el poder político para corromper y matar; y no debe haber contemplación ante los delincuentes y criminales, tengan corbata o no. Se menciona desde extorsiones, chantajes y amenazas de muertes a autoridades y ciudadanos hasta asesinatos cometidos por sicarios pagados por una antigua y entornillada red de corrupción.

A su turno, recién ahora la Fiscalía de la Nación ha decidido rotar a los fiscales de Áncash, luego de que hace pocos años destituyó de manera escandalosa a quienes se atrevieron a intentar investigar la eventual existencia de una central de chuponeo contra los opositores políticos. ¿Actuarán esta vez con firmeza, autonomía e imparcialidad?

El caso viene de muy atrás y no se entiende la larga pasividad, rayana y cómplice, de las autoridades nacionales, sobre todo las judiciales y fiscales. Tuvo que morir, asesinado cobardemente, el ex consejero regional Ezquiel Nolasco, para que recién se empezaran a dar ciertas reacciones, ante la presión de la indignada opinión pública ancashina y el estupor de toda la nación.

Ahora, a raíz de eso, sabemos muchas cosas que ponen a prueba el orden constitucional y legal del Perú, pues la presunta mafia no solo involucraría al actual presidente regional César Álvarez, sino a varios congresistas y otras autoridades fiscales, que hasta hoy han blindado a la organización de cualquier intento de pesquisa o sanción, como lo ha puntualizado una investigación de Espacio360.

Sin embargo, a pesar de todo, en Áncash continúan las amenazas y ataques contra los opositores políticos, así como una política de soborno a periodistas venales o de amedrentamiento y ataque artero contra la prensa independiente, lo cual también repugna el mandato constitucional y el Estado de derecho.

Como bien ha dicho el Obispo Emérito de Chimbote, monseñor Luis Bambarén, hay que "denunciar la mano oculta y poderosa que está detrás del crimen de Ezequiel Nolasco para ocultar la corrupción", y movilizar a toda la ciudadanía. Está de por medio no solo el derecho a la vida y la convivencia libre y democrática, sino también la pervivencia del propio Estado unitario, que no puede permitir islas o feudos manejados a su antojo por caudillos que pisotean la ley y que a larga serán focos de infecciones criminales.

Esperamos deslindes y resultados concretos y oportunos en el Congreso, el Ministerio Público y también en la Contraloría sobre la supuesta organización criminal ancashina. ¡Esto, que además es un pésimo precedente político, resulta absolutamente execrable y tiene que ser investigado y castigado con todo el peso de la ley!

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