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Poder Judicial: El otro gran Bonetón

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Foto: peru21.pe

“El Poder Judicial verdaderamente es un desastre”. La frase es del conocido jurista Alfredo Bullard, amplio conocedor del tema, y resume, de modo penoso,  la opinión de millones de peruanos indignados respecto de un poder del Estado que aún tiene que responder  por los graves déficit de justicia, estabilidad y seguridad jurídica que debilitan el sistema democrático.

En el mismo sentido debe entenderse el clamoroso pedido del ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ante  la comisión de Defensa del Congreso para  crear una subcomisión técnica. ¿Y para qué? Pues  para hacer seguimiento de las capturas que realiza la Policía Nacional  pues, según explicó, “hay veces que capturan a delincuentes que ya habían sido aprehendidos antes, pero fueron liberados por jueces o fiscales”. E incluso, en algunos casos, fiscales y jueces venales determinaron para esos delincuentes ¡prisión domiciliaria con resguardo policial! ¡El colmo!

Por lo mismo, sea quien fuera el nuevo presidente o presidenta, en vísperas de un recambio gubernamental, y sobre todo congresal, tiene que abordarse urgentemente  las reformas trascendentales, como las del sistema electoral y del Estado, pero también la reforma del Poder  Judicial. Ad portas del bicentenario de vida republicana, y en las últimos dos décadas embarcados en  un arduo proceso de consolidación democrática, esto no puede esperar más. 

FUERA JUECES CORRUPTOS

Como señalábamos previamente en esta misma columna , “el país no puede  continuar con un sistema judicial tan desprestigiado (…)  Asimismo, tiene que adoptarse mecanismos de presupuesto por resultados,  de más transparencia y de rendición de cuentas, así como de sanción  drástica y sumaria a los jueces que ‘venden’ sus sentencias al mejor postor”.  (http://espacio360.pe/noticia/actualidad/urgente-otro-cade-para-la-justicia-ac0d-user12-date2014-11-18-actualidad). En el caso de los jueces y fiscales que devuelven a las calles tan fácilmente a los prontuariados,  para que sigan delinquiendo,  debe investigarse sus decisiones y, de ser responsables, dar a conocer sus nombres y expectorarlos del sistema de justicia.

Desde una perspectiva más amplia se abre ahora, con  nuevas autoridades en el Ejecutivo y el Legislativo, una ventana para la urgente reforma judicial. A partir del 28 de julio,  desde el Consejo del Estado --que reúne a las cabezas de los principales  poderes  públicos—tiene que proponerse y debatirse un paquete de iniciativas para acabar con las parcelas de ineficiencia, corrupción, provisionalidad y hasta de interferencias político-partidarias que pululan en los ´palacios de justicia´.

Claro que hay que asegurar a este poder del Estado los presupuestos y partidas adecuadas. Pero, si bien este es un clamor permanente y atendible de  las autoridades judiciales y fiscales, no es la única ni exclusiva causa del marasmo, opacidad y  recelo que causa el sistema judicial en los ciudadanos. El debate no puede entonces limitarse a temas presupuestales.

Es cierto que ha habido algunos ciertos avances, por ejemplo en la automatización de procedimientos (expedientes digitales)  y la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, pero esto no es suficiente. Y para los que quieren eliminar el arbitraje pues que presenten argumentos más sólidos para ello.

Según reciente encuesta de Ipsos, el 75% de los peruanos, las tres cuartas partes, desaprueba al Poder Judicial, lo que demuestra la gravedad del problema. Saludamos que hace pocos días, el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, haya pedido al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) la destitución de cinco magistrados, pero para todos es evidente que desterrar la corrupción es un tarea monumental que demanda un esfuerzo mayor e integral de todo el Estado.

¡REFORMA URGENTE!

Precisamente el CNM, encargado de la elección y ratificación de jueces, sigue en el ojo de la tormenta, por lo que su marco normativo  debe ser igualmente reformado. Hay propuestas innovadoras, lanzadas en el último CADE, como elegir jueces y fiscales por voto popular como se hace en otros  países, pero en el entre tanto lo más urgente es organizar estos procesos de selección con transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.

La premisa básica es: la elección de titulares para el Poder Judicial y el Ministerio Público no puede estar supeditada al amiguismo y menos a la  presión político-partidaria, de ONGs, o del dinero.      Con el mismo sentido renovador y sustancial debe analizarse el marco normativo, de elección de sus miembros  y de actuación,  de la Corte Suprema (que debe limitarse a procesos de casación), la Academia de la Magistratura, la OCMA y sus brazos regionales y por supuesto el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En el pasado reciente, desde la recuperación democrática, ha habido proyectos interesantes de reforma, como el del Ceriajus (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia), que merecieron gran debate y atención pública, pero finalmente, como en el juego del Gran Bonetón, todos miraron a otro lado y no se arribó a puerto seguro, por lo que la reforma quedó en salmuera.

EL PODER JUDICIAL NO PERTENECE A LOS JUECES O FISCALES

Las autoridades judiciales debieran tomar la iniciativa, pero corresponde a los otros poderes públicos empujar, aportar y apoyar  dicha reforma. Es una cuestión de equilibrio de poderes, de dar a cada cual lo que se corresponde (justicia) en el Estado de derecho,  y de afirmar no solo la predictibilidad en las decisiones judiciales sino también la tan esquiva institucionalidad democrática.

Aclaremos que no  se trata de afectar la autonomía de un Poder del Estado, garantizada por la Constitución y base del equilibrio democrático, sino de entender: primero que, en el Estado de Derecho,  la autonomía es un medio y no un fin; segundo que el objetivo mayor es administrar justicia  a los desesperados ciudadanos y preservar el orden democrático y social; y finalmente, que el Poder Judicial no  es una isla ni pertenece a los jueces y fiscales, sino que es todos los peruanos, por lo que su reforma es una urgentísima e impostergable tarea que compete a todos. 

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