La luna de miel dura poco y se ha producido la primera crisis seria del nuevo Gobierno, en un sector altamente sensible para la ciudadanía, donde un ex asesor presidencial pretendió armar un despreciable tinglado de corrupción en torno al Seguro Integral de Salud, que presta (o debería) servicio a 17 millones de peruanos.
Hay que destacar la reacción firme y enérgica del jefe del Gabinete Fernando Zavala y de la ministra de Salud, Patricia García, que han denunciado penalmente a Carlos Moreno, quien no puede seguir ni como asesor presidencial, ni en la planilla del hospital Loayza, mientras se desarrolla el proceso judicial y se deslindan responsabilidades a todo nivel, administrativo, político y penal.
Más allá de esto, sin embargo, queda mucho más por hacer, pues son muchos los heridos por este escándalo, empezando por el mismo sistema de salud, el sistema de asociaciones público-privadas, y las políticas de reclutamiento, control y sanción de funcionarios en el aparato estatal.
CORRUPCIÓN ATENTA CONTRA LA GOBERNABILIDAD
La trama del ´negociazo´ se basaba en la escasa capacidad del SIS para atender a todos los asegurados, lo que obligaba a suscribir contratos para que estos sean atendidos en otros centros privados, como los del Arzobispado de Lima. Bajo este convenio macro, promovido supuestamente por Moreno, se afiliaba a otros centros igualmente privados a la red parroquial, a los que se aseguraba número de pacientes y tarifas, con la promesa de que “facturamos y nos pagan… es nuestra mina de oro. Vas a ver la cantidad de plata que vamos a ganar”.
La PCM ha denunciado por siete delitos a los responsables de este entramado delictivo, supuestamente liderado por Moreno, quien se jactaba soberbiamente de su cercanía al presidente y del poder que tenía para disponer de nombramientos y contratos en el aparato estatal como si fuera su chacra.
Y, aunque tiene que respetarse el debido proceso, pues los indicios son bastante contundentes. Sobre los audios presentados como prueba, destacamos enfáticamente lo señalado por el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona: “Cuando hay interés público de por medio, una prueba puede validarse”, como se hizo en el caso de los “vladivideos”.
Es lo que debe hacerse en este caso, en el que además hay documentos, contratos y testimonios de las otras partes involucradas, como son los representantes del Arzobispado y de las clínicas que igualmente deben asumir su responsabilidad en este esquema delictivo tan escandaloso.
EL ESTADO AL SERVICIO DEL CIUDADANO
Es hora de pasar de la indignación a la acción. Lo que ha pasado es realmente patético e indignante, y debe llevar al Gobierno de Pedro Pablo Kuczinski a dar la debida prioridad a la lucha contra la corrupción, junto con el abordaje de los grandes temas de lucha contra la inseguridad y la desaceleración económica.
¿Cómo un personaje que tenía denuncias previas pudo enquistarse en la cúpula del poder? Es urgente revisar las políticas de contratación, en lo que Servir es un buen ejemplo, y de actualizar los datos de la planilla pública para conocer la trayectoria y sanción de los funcionarios públicos. La información sobre esto debe ser pública y estar publicada y actualizada en los portales del Estado.
El Congreso igualmente tiene que asumir su responsabilidad de retomar la reforma del aparato estatal, contratación, homologación y sanción de funcionarios. Luego, si los procesos administrativos deben ser mucho más expeditivos, corresponde a los jueces actuar en consecuencia u aplicar la ley y las sanciones más severas, sobre todo cuando hay tantos agravantes. Sin la participación oportuna y correcta de fiscales y jueces será imposible erradicar la corrupción, por lo que este caso debe ser seguido atentamente por las más altas autoridades del Poder Judicial.
Es correcto que se haya anunciado la reforma del SIS y su reingeniería, lo que debe hacerse de modo integral y sin improvisación ni personalismos nefastos. Del otro lado, no se puede generalizar ni denigrar a a médicos ni APP: en el caso de los médicos, la mayoría son buenos y sacrificados; y en el caso de las asociaciones público-privadas (APP) pues bien llevadas y controladas, han probado ser necesarias y efectivas en muchos sectores. Pero, todo esto tiene que funcionar dentro de un sistema afiatado y a prueba de corrupción.
El Gobierno tiene que aprender de los errores y tener tolerancia cero contra la corrupción. La premisa básica es que la corrupción compromete gravemente la gobernabilidad democrática: no es posible que el Estado se ponga a trabajar al servicio de las mayorías cuando unos pocos pretenden servirse de él, y de los fondos públicos que son de todos los peruanos, para deleznables fines particulares.
Este cáncer, que viene de tiempo atrás, tiene que ser completamente erradicado, para lo cual será necesario una política de Estado integral y urgente, con la participación de todos los poderes públicos. Esperamos resultados.
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