Vergüenza, preocupación e indignación ha causado que, en el Día Mundial de la Libertad de Expresión, una jueza peruana haya emitido, en el caso del periodista Rafael León, un cuestionable dictamen que constituye un pésimo precedente y un riego mayúsculo no solo para el ejercicio del periodismo sino también para el mismo sistema democrático. Según el dictamen, la jueza Susan Coronado Zegarra se reserva y suspende la lectura de la sentencia (que se infiere condenatoria y que solo ella conoce) por un año, lo que está supeditado a la “buena conducta” del periodista.
Estos son los graves excesos que permite el articulado del Código Penal que penaliza los delitos de prensa y que, por la salud del periodismo libre y del sistema democrático peruano, tienen que ser revisados y corregidos en el más breve plazo, como lo han anunciado ya varios legisladores de todas las bancadas, entre ellos el actual presidente del Legislativo, Luis Iberico. Hoy jueves 5, ha dicho, se debatirá el nuevo Código Penal, y la propuesta es que el delito de difamación y otros sean tratados en el fuero civil, como es la tendencia mundial en los estados democráticos.
Es lo que corresponde. Se ha anunciado recursos de apelación en las instancias superiores del Poder Judicial, donde esperamos prime la cordura, y dentro del ordenamiento constitucional, se subsane este absurdo. Sin embargo, es el Congreso el que debe tomar el caso bajo comentario como una clarinada de alerta para evitar que siga pendiendo una espada de Damocles sobre la libertad de expresión.
El dictamen de la jueza suscita terribles preguntas: ¿Cuáles son los alcances y límites de la ‘buena conducta”? ¿Hasta dónde este concepto puede estar abierto a la arbitrariedad y el abuso de un juez? ¿Y qué cuidado deberíamos tener los periodistas con cada adjetivo, ironía, interjección, sátira o giro lingüístico, si esto podría ser considerado difamatorio por un juez o usado de modo revanchista por aquellos que son objeto del control público a través de la prensa, como sucede desgraciadamente en regímenes autoritarios o dictatoriales?
¿Y qué decir de la labor de los caricaturistas que son, quién lo duda, periodistas de opinión? ¿De qué libertad de expresión estaríamos hablando si tenemos que supeditar nuestro trabajo diario a “lo que pueda pensar la jueza” y al temor de que pueda desenvainar una sentencia condenatoria o mandarnos a la cárcel? ¿Con qué rasero está la jueza ‘midiendo’ las opiniones de unos y de otros, cuando se trata de autoridades o personajes públicos que, por sentido común y doctrina internacional, deben conceder en parte su derecho a la privacidad?
En síntesis, es un nefasto precedente que podría imponer un ominoso manto de censura o autocensura en el trabajo del periodista y una mordaza contra la libertad de expresión y opinión, algo totalmente ajeno y contrario al ordenamiento constitucional y a los preceptos del Estado democrático.
El artículo 2, inciso 3 de la Carta Magna vigente establece que “toda persona tiene derecho: a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión…”. Asimismo, sentencias ejemplares del Tribunal Constitucional y de la doctrina supranacional de derechos humanos protegen estos derechos en el entendido de que son consustanciales al Estado democrático.
Así lo han subrayado entidades como el Consejo de la Prensa, el IPYS, la SIP y otros organismos de defensa de la libertad de expresión y derechos humanos, que han expresado su profunda preocupación y denunciado el riesgo de que en el Perú se abr un periodo oscurantista para la libertad de prensa. Otra pregunta: ¿Y qué hubiera pasado si no se hubiera mediatizado el caso y no hubiera habido, sobre este caso, la amplia cobertura de los medios de comunicación y los pronunciamientos de los organismos de la sociedad civil y entidades nacionales e internacionales? ¿Podría haber habido una sentencia carcelaria?
Es hora de pasar de los anuncios a los hechos y cerrar la puerta legalista a estos excesos. Despenalizar los delitos de prensa, y desterrar esa espada de Damocles que conculca arteramente el ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a informar y opinar, es lo que exige el Estado de derecho y la convivencia democrática. Esa sí sería una buena señal de talante y compromiso democrático de nuestros congresistas.
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