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Procuradurías: coherencia y rigor; no “figuretismo”

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Foto: América TV

Dentro de una coyuntura especialmente delicada –signada por el escándalo de corrupción de  Odebrecht, la interpelación al primer vicepresidente por el Caso Chinchero y con un ambiente turbulento, tanto por desastres naturales como por  iniciativas de reforma educativa que merecen un debate posterior y más amplio- resulta totalmente inoportuna y contraproducente la descomedida actuación de los nuevos procuradores. 

Ello no solo siembra más dudas sobre la prometida renovación de la institución de la  Procuraduría,  sino que ahonda aún más la crisis política al interior del Gobierno pues enfrenta a varios ministros. Ya algunos especialistas han llegado a cuestionar no solo su nivel de profesionalismo y autonomía, de los procuradores, sino también  la existencia misma de esta entidad, dentro de la estructura del Estado.

Luego de que el procurador Amado Enco solicitara denunciar al ministro de Transportes por la polémica adenda del aeropuerto de Chinchero, el mismo presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, salió a cuestionar la falta de rigurosidad y profesionalismo de los procuradores, que ni siquiera habían notificado al denunciado. Posteriormente otra procuradora denunció al ex presidente Alan García y al ex ministro Enrique Cornejo por supuestas irregularidades en la línea 1 del Metro, vinculada a Odedrecht. Y, finalmente, la misma procuradora Katherine Ampuero pidió incluir al propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, por supuestos aportes sospechosos de Odebrecht.

AUTONOMÍA BAJO LA LUPA

Los nuevos procuradores se han lanzado así al ruedo como si estuvieran en competencia mediática; sin usar los canales oficiales; sin aportar evidencias sólidas; con gruesos señalamientos y calificativos sobre los denunciados: y sin siquiera informarles  a estos oficialmente sobre el tenor de las denuncias. Más aun, tratándose del presidente en ejercicio, no han mostrado la mesura requerida en vista de las consecuencias que su denuncia podría causar a la gobernabilidad y estabilidad política del país.

Una abrumada ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, de cuyo sector dependen estructuralmente las procuradurías, ha salido a declarar que se está preparando un reglamento para ordenar la actuación de las procuradurías. Bien por ello.  Sin embargo, eso parece más  un intento de última hora de acallar las justificadas críticas del oficialismo y también de un sector de la oposición, pero no toca el fondo del asunto; en tanto que la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Julia Príncipe, se ha limitado a rechazar “cualquier tipo de injerencia” en la labor de los procuradores y en la autonomía de su entidad.

Sin embargo, las preguntas son insoslayables: ¿Es absoluta la autonomía de la procuraduría, que depende del sector Justicia y está llamada a defender los intereses del Estado?

El tema es especialmente importante y urticante, y ha dado lugar a varias fricciones  dentro del Poder Ejecutivo y también en el Congreso de la República. Recordemos que, en junio del 2016, la misma doctora Príncipe, que era procuradora,  fue destituida, en medio de protestas de la oposición, supuestamente por presión de la entonces primera dama Nadine Heredia, tras pedir que se la investigue por lavado de activos y otros delitos.  Por lo mismo, el retorno de la doctora Príncipe a la cabeza del OCDE, promovido por el nuevo gobierno del presidente Kucynski, fue visto como un acto de reivindicación con Príncipe,  y con la misma entidad y su autonomía.

Y cómo olvidar la accidentada salida de la actual congresista Yeni Vilcatoma de la Comisión de Fiscalización que presidía, y de Fuerza Popular, que se produjo precisamente por su terca insistencia en un proyecto que  asegurase la casi absoluta autonomía para la Procuraduría, lo que provocó opiniones divergentes –y su salida-, pues el marco constitucional no prevé eso.

PRÍNCIPE Y RENOVACIÓN FALLIDA

Había, entonces, mucha expectativa por el impulso y renovación que impondría Príncipe a la entidad.  No obstante, en la práctica los resultados son hasta ahora bastante modestos y problemáticos, en lo que parece haber influido la poca diligencia en la selección de los procuradores,  algunos de trayectoria conocida  en grupos izquierdistas y otros con incontenible afán de figuración mediática. Un conocedor de la materia, como el ex Procurador Anticorrupción y actual presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, ha calificado  como un "poco exagerado" el pedido de la procuradora contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. "En este ambiente en el que todos resultamos sospechosos de algo, levantar un dedo y decir que el presidente de la República, sin un mínimo indiciario verificado, tiene una responsabilidad penal o debería ser investigado por una responsabilidad penal me parece un poco exagerado”.  Y, a más de eso, ha advertido que “se requiere, en estos tiempos en particular, mucha mesura, porque esto genera una situación que puede terminar en una grave afectación a la gobernabilidad del país".

Opinión atendible y justificada preocupación. Complementariamente, el ex Defensor del Pueblo y director ejecutivo de Proética, Wálter Albán, ha considerado necesario que la Procuraduría Anticorrupción “fundamente y explique mejor sus denuncias”; y, a su turno, el ex ministro de Defensa Ántero Flores-Araóz, ha comentado en tono socarrón: “Tanta independencia y absurda autonomía a Procuradores reventó en cara a Gobierno. Olvidaron la naturaleza de ellos. Su ‘cliente’ es el Estado”. Efectivamente, los procuradores son los abogados del Estado, no del Gobierno, y deben ajustarse a esa exigencia de su cargo;  y tienen que coordinar sus acciones con los fiscales, que son los que acusan formalmente.

En el mismo tono, el catedrático Carlos Caro enfatiza que “la libertad de expresión de los procuradores debe ejercerse de manera responsable, (pues) son abogados del Estado y no del Gobierno... sin mordazas y sin ataduras, jugando a ganador y no para la tribuna, sin tirar la piedra para luego solo esconder la mano”. Adicionalmente, incide en la necesidad de garantizar la reserva de la investigación penal, tanto para evitar que el imputado huya cuanto para preservar su reputación, “de modo que esta no se afecte más allá de lo necesario para los fines de la propia investigación”. Por ello llama a que el OCDE autorregule su actividad, lo que resulta muy atendible y necesario.

NO DISPARARSE A LOS PIES…

El Gobierno no puede seguir disparándose a los pies, ahondando una crisis que, de no ser afrontada con prudencia, podría desbordarse, con lo que todos salimos perdiendo. Lo que debe quedar claro es que la autonomía de la Procuraduría no puede compararse a la de un poder del Estado, como el Judicial;  que son abogados del Estado, dentro del sector Justicia; y que dicho atributo tiene que ser estar supeditado a la función y a las necesidades del Estado, y no estar al albur de los afanes protagónicos o políticos de algunos.

En una opinión que merece ser analizada cuando se debate nuevamente el tema en el Congreso, donde la mayoría fujimorista tiene mayoría e innegable responsabilidad, el ex presidente del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia, Víctor García Toma, ha deslizado la idea de un Estado sin procuradurías, cuya función, como pasa en Estados Unidos y Colombia, la asume, por su naturaleza y  función, el Ministerio Público. 

Mucho para debatir en el mediano plazo, pero de momento urge poner orden y coherencia en el Ministerio de Justicia, la OCDE y el propio Poder Ejecutivo.

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