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"Para los homosexuales no hay leyes": la dura batalla de Luis Alberto Rojas

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"Para los homosexuales no hay leyes", fueron las crudas e insensatas palabras que la fiscal Reina Elizabeth Ruiz Guio le dijo a Luis Alberto Rojas Marín, quien creyendo en que la justicia peruana fue a la Fiscalía de Ascope (Trujillo) a denunciar a los tres policías que la madrugada del 25 de febrero de 2008 lo atacaron brutalmente y le propinaron insultos homofóbicos por su orientación sexual.

Esa noche, Luis Alberto Rojas Marín fue detenido arbitrariamente por el personal de serenazgo y trasladado violentamente hacia la comisaría de Casa Grande, en Ascope, cerca de las 12:30 de la madrugada. Por entonces él tenía 26 años de edad. 

"En el momento de su detención, Luis Alberto fue víctima de agravios y golpes por parte de los serenos y policías, quienes en todo momento le profirieron insultos relacionados a su opción sexual. ¡Sube, cabro conchadetumadre! o ¡Qué hace este maricón de mierda acá!', le gritaban a Luis Alberto, que se vio obligado a ir en contra de su voluntad a la Comisaría de Casagrande", cuenta la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Este es el testimonio de Luis Alberto Rojas Marín.


Luis Alberto fue encerrado en una habitación a la que luego ingresaron los policías identificados como Dino Ponce Pardo, Luis Quispe Cáceres y Juan León Mostacero, quienes lo golpearon, desnudaron y violaron con una vara, la cual le introdujeron por el recto hasta en dos ocasiones. La agresión se prolongó por casi siete horas, hasta las 6:00 am. En la mañana, Luis Alberto fue echado de la comisaría, como si allí nada hubiera pasado, golpeado, ensangrentado y sobre todo, con su dignidad por los suelos. 

El joven decidió poner una denuncia por agresión, pero, de acuerdo a la CNDDHH: "El Ministerio Público considera en este caso, a través de la resolución del Fiscal Provincial, Reina Ruiz Guio, confirmado después por la Fiscal Superior, Ada Peñaranda Bolovich, que no existió el elemento subjetivo de torturar al agraviado. Añade que el hecho solo estaba dirigido a violar la libertad sexual de Luis Alberto Rojas Marin, a pesar de que resulta evidente por lo antes mencionado, que la vulneración de su libertad sexual constituyó un castigo y una ofensa a su dignidad". 

Han pasado seis años y hasta la fecha Luis Alberto Rojas mantiene vivo en sus recuerdos aquella aterradora madrugada de verano, así como el amargo sabor que se llevó al ver como el Poder Judicial archivara su caso en 2009. Sin embargo, su lucha incesante por lo llevó a acudir a instancias internacionales para encontrar justicia. Recién el pasado 25 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le informó -según detalla la web de la organización Sin Etiquetas- que había admitido su denuncia al considerar que existe suficiente evidencia de que Luis Alberto fue "privado de su derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a la igualdad ente la ley y a la protección de la honra y la dignidad". 

Para Ysabel Marín, abogada de Promsex, la CIDH podría pronunciarse sobre el caso de Luis Alberto a mediados de 2015. Ella considera este como un caso emblemático porque es la primera vez que un organismo internacional acoge una denuncia de este tipo, lo cual crea un precedente. "Si no encuentras justicia en la vía nacional, en la internacional, tu pedido va a ser acogido". 


La abogada explicó, además, que en "2012, el Comité de Lucha Contra la Tortura de las Naciones Unidas recomendó al Estado Peruano adoptar medidas efectivas para proteger a la comunidad gay de las detenciones arbitrarias, agresiones y maltratos. Sin embargo, no ha pasado mucho y seguimos en lo mismo porque no hay políticas públicas para la población LGTB".

"Mi dignidad no tiene precio. No quiero dinero. Lo que yo quiero es que estos actos no queden impunes. Quiero que haya acceso a la justicia para todos (...) Recién el día en que yo me muera dejaré de escuchar: 'Ahí va el mariconcito al que lo violaron los policías'. Lo que yo pasé no se lo deseo a nadie", señala Luis Alberto, quien aún está a la espera de justicia. 

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