Lo sucedido estos días en Lima, en torno al polémico peaje en la Panamericana Norte y Puente Piedra, ha sacado a luz, por un lado la poca transparencia y justeza de los contratos sobre obras públicas, pero por el otro lado también, lo peor de la protesta social, con ataques arteros a la Policía Nacional y a la propiedad, que son absolutamente intolerables.
Sobre lo primero, pues, luego de primera protesta, fue una buena medida que se suspendiera por un mes el cobro del peaje. Ello, a la espera de que se analice exhaustivamente el fondo, forma, oportunidad y eventuales irregularidades del contrato de concesión, en el que está involucrada la empresa brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo de megacorrupción de tentáculos mundiales.
La Municipalidad de Lima (en la actual y la anterior gestión), así como la propia empresa y los alcaldes de los distritos afectados, con los buenos oficios del Gobierno y la Defensoría del Pueblo, tienen que asumir su entera responsabilidad en el tema.
Para ello deben considerar, primero que no se puede crear peajes dentro de zonas urbanas y sin vías alternas; luego, la necesidad y el costo-beneficio técnico de la concesión, así como el ámbito de aplicación, pues no se puede cobrar doble peaje a vecinos de distritos urbanos. Adicionalmente, en el análisis no puede soslayarse los eventuales vicios de origen del contrato ni tampoco los antecedentes de la empresa que, en una jugada sesgada y que se presta a la suspicacia, habría vendido parte de su participación luego de que reventara el escándalo de corrupción.
En tanto se resuelve, de modo definitivo, estos aspectos técnicos y principalmente legales, no se puede satanizar el sistema de peajes, que en muchas zonas del país es una alternativas viable y justa para la fluidez y vialidad del tráfico, así como para la inversión privada. Habrá que llegar hasta el fondo del asunto para resolver el problema creado en torno al peaje de Puente Piedra y hacer las correcciones necesarias.
PROTESTA JUSTA SÍ, PERO NO AL VANDALISMO
En cuanto a las manifestaciones contra el peaje, no queda duda del derecho fundamental a la protesta y al pataleo, que tiene rango constitucional. Pero este debe ejercerse primero respetando el derecho de los demás, a no participar de la protesta y a desplazarse libremente, así como a la propiedad pública y privada. Si se cruza estos límites, como se ha visto estos días en la Panamericana Norte, con alevosía e inescrupulosidad, esto se convierte en vandalismo y violencia callejera, lo que debe ser castigado con todo el peso de la ley.
Llama mucho la atención el grado de violencia de algunos grupos de manifestantes, que por largas horas atacaban a pedradas y hasta con “bombas molotov” a los policías --que en general ha actuado con cautela y pericia-- lo que hace pensar en una infiltración por parte de pandillas callejeras o de remanentes terroristas.
La Policía Nacional y la Fiscalía deben investigar a los detenidos y deslindar responsabilidades, para aplicar todo el castigo que manda la ley a los responsables del vandalismo y de la afrenta a la autoridad policial. No puede haber debilidad ni impunidad contra elementos que conculcan de modo tan abusiva y deleznable las normas básicas del orden y del Estado de Derecho.
Estamos cansados ya de ver por la mañana a ciertos dirigentes anunciar que sus marchas serán pacíficas y, horas después, indignarnos y aterrorizarnos ante los desbordes caóticos y violentistas de turbas desbocadas que atacan a mansalva y obstruyen el libre tránsito. Es hora de que los dirigentes asuman su responsabilidad y denuncien ellos mismos a los desbocados o infiltrados; y que los jueces dicten las medidas pertinentes de sanción a esos violentistas. La protesta bien encauzada es bienvenida; pero el vandalismo destructor que hiere a mansalva a policías y transeúntes y bloquea el paso a otros, tiene que ser sancionado de modo ejemplar.
Comentarios