El Congreso vs los Fiscales: no se debe debilitar lucha anticorrupción

¿Quién gana con este río revuelto en que se quiere llevar, de grado o fuerza, al fiscal anticorrupción Hamilton Castro, a comparecer ante la Comisión Lava Jato para dar cuenta de sus investigaciones? ¿De qué lado está el Congreso de la República, específicamente la mayoría fujimorista? ¿Hasta dónde quieren llevar la tirantez entre poderes del Estado que afecta seriamente el equilibrio democrático?

Esto es lo que nos preguntamos la mayoría de peruanos al ver lo que quieren hacernos aparecer como ejercicio de una potestad y prerrogativa del Poder Legislativo, lo cual está abierto a diversas interpretaciones; pero que, en el fondo, parece ser un burdo pulseo de fuerzas (¿o presión política?), con altas dosis de arbitrariedad, figuretismo y declaraciones extremas,  y que despierta mucha suspicacia y preocupación.

¿Se quiere desviar la atención acaso? ¿O, peor aún, debilitar el trascendental trabajo de la Fiscalía, que ha empezado a señalar responsabilidades gravísimas de autoridades y políticos de los últimos gobiernos, humalista, aprista, toledista,  y también incluso del régimen fujimorista, cuyos representantes están ahora  en el Congreso?

AUTONOMÍA DEL MP

La Junta de Fiscales ha emitido un comunicado en el que respalda el trabajo del fiscal Castro  y le desaconseja asistir a la comisión congresal, lo que parece una recomendación atendible  tanto por razones constitucionales como pragmáticas. En el mismo sentido, y en defensa de sus fueros, el fiscal de la Nación, PABLO SÁNCHEZ [1], ha reiterado que la comisión Lava Jato del Congreso no puede citar de grado fuerza a Castro, pues eso sería “atentar contra la autonomía del Ministerio Público”, y además existe una sentencia del Tribunal Constitucional que ampara el principio de reserva de la investigación. 

Efectivamente, mientras el fujimorista Miguel Torres, de la Comisión de Constitución, y otros del grupo aprista, ,  insisten, con tozudez digna de mejor causa, en la  supuesta prerrogativa congresal de obligar al fiscal a asistir, destacados constitucionalistas le han respondido en sentido totalmente contrario. Y cuando  se les ha recordado la exigencia y protección constitucional de la reserva de la investigación fiscal, han respondido que el fiscal (ante la comisión Lava Jato) puede abstenerse de contestar, lo que previsiblemente hará para no poner en riesgo las pesquisas. ¡Y entonces para qué obligarlo a ir!

No está en duda la facultad de fiscalización del Congreso. Pero esta tiene que ser debidamente encaminada. Y si se escudan en el Reglamento del Congreso para pretender hacer obligatoria la asistencia del fiscal, pues antes de ello tiene que preferirse el marco constitucional, que estatuye la independencia y autonomía de los poderes, que deben  respetarse; que “ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones (Art. 139, inc.2); y que tiene que garantizarse la reserva de la investigación fiscal.

A más de ello,  el  constitucionalista Aníbal Quiroga ha precisado que, según la Carta Magna, las investigaciones judiciales y fiscales son reservadas y tienen autonomía, por lo que “lo que está haciendo el CONGRESO es interferir de manera grosera, bien sea por mal asesoramiento, bien sea por interés político".

Paralelamente, otro CONSTITUCIONALISTA,  ALBERTO BOREA, HA RECORDADO UNA COSA MUY IMPORTANTE: QUE las pesquisas del Congreso siempre son de carácter político, mientras las de la FISCALÍA son técnicas, por lo que “por disposición de la Constitución y la estructura de poderes, en la etapa de investigación el fiscal no tiene obligación de concurrir al CONGRESO". No solo eso: La Fiscalía tiene una estrategia y  está construyendo un caso trascendental, por lo que no se puede exigir que en el Congreso se exhiban y se contaminen evidencias que luego podrían ser tachadas, por esa razón, por los acusados.

‘COMISIONITIS’ Y NULOS PRECEDENTES

Se pensaba que la reciente reunión entre la presidenta del Congreso, Luz Salgado, y el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, debía poner fin a esta  absurda, innecesaria y malsana confrontación. Sin embargo, lamentablemente para el Perú, no ha sido así, a pesar de los contundentes argumentos en contra.

La oportunidad en que se dan estos roces es especialmente delicada, justo cuando el Ministerio Público empieza a exhibir resultados en el intrincado caso de la red de corrupción de  la empresa brasileña Odebrecht, denunciando y pidiendo la detención de ex funcionarios de diversos gobiernos recientes y hasta de un ex presidente.

Esto es muy preocupante, pues debilita innecesariamente no solo la investigación fiscal y  la lucha anticorrupción, sino también el propio tejido institucional del Estado de Derecho.

A las razones constitucionales ya acotadas, habría que agregar otras que podrían haber pasado desapercibidas, pero que son sumamente importantes: primero, el maltrato que tuvo que soportar el mismo

Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, cuando acudió al Congreso hace varias semanas, por parte de varios legisladores que no respetaron su dignidad y cargo; luego que el propio fisca Hamilton Castro ha dicho que podría responder por escrito las preguntas de la comisión, lo que quizá no guste a algunos legisladores que esperan un circo mediático; y finalmente lo que ha recordado el ex fiscal Avelino Guillén, quien  participó en el juicio que condenó al ex presidente Alberto Fujimori: ni siquiera en ese caso tan emblemático el Congreso intervino ni interfirió en dicho proceso judicial citando“ de grado o fuerza” a  fiscales o jueces.

El Congreso, y sobre todo los grupos que exigen de modo tan prepotente la presencia del fiscal, tienen que abrir espacio a la reflexión y la cordura, pensando en las consecuencias de sus actos y también en la imagen que están proyectando del Poder Legislativo a la ciudadanía, ya bastante deficiente. Recordemos, además, que en el pasado reciente, las comisiones investigadoras del Congreso, como la que investigó el gobierno de Alan García,  han tenido dispendiosos presupuestos y  magros resultados.

En suma, abundan razones para insistir en que  tiene que respetarse la autonomía y competencias de cada poder del Estado, en este momento crucial de la lucha anticorrupción, y dar a las cosas la prioridad e importancia que tienen, sin incurrir en la tentación del show mediático ni menos a  presiones o revanchas políticas… ¡Es mucho lo que está en juego, y eso lo saben los congresistas! ¿De qué lado están?

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