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Contra el “madurazo” y cualquier proyecto que atente contra libertades de prensa y expresión

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Foto: wp.com

Tal como fue presentado, el proyecto de ley fujimorista que prohibía  a denunciados o investigados por corrupción ser directores o editores de medios era no sólo inconstitucional e inoportuno,  sino también una amenaza para la libertad de expresión y la democracia en nuestro país.

Ahora una de las autoras del mismo, Úrsula Letona, ha anunciado, sin ninguna explicación, que retiró dicho proyecto, pero ha agregado que presentará otro “para el que se ha logrado consenso”. Sin embargo, colegas de su propia bancada declararon desconocer la nueva iniciativa y cualquier consenso al respecto, lo que no despeja la incertidumbre generada.

Debemos estar alertas. Los peruanos —y pensábamos que también el nuevo fujimorismo que quiere aparecer como ‘aggiornado’ y democrático— no podemos olvidar y menos queremos repetir las nefastas experiencias del pasado, tanto de quiebre del orden constitucional como de aberrantes políticas contra la prensa libre. Resultaba además una paradoja, y hasta casi una burla para el país, que este proyecto se haya presentado en los días previos al aniversario 25 del funesto autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, perpetrado por el entonces presidente Alberto Fujimori.

En países como el nuestro, donde las instituciones son aún  frágiles y seguimos luchando tanto por la democracia, este tipo de proyectos debilita la fiscalización que la prensa independiente está llamada a ejercer; por lo que su aprobación  hubiera sido lo peor que nos podría ocurrir: podríamos correr la misma suerte que Cuba o Venezuela, estados dictatoriales  donde la intimidación, la censura o la autocensura son moneda común, y atentan contra fundamentales derechos ciudadanos a la información libre y plural.

¡NI “FUJIMORAZO” NI “MADURAZO”!

A propósito de Venezuela, y por las terribles coincidencias, no podemos dejar de mencionar y  condenar —como bien lo ha hecho el Gobierno Peruano que en protesta ha retirado a nuestro embajador en Caracas—, el autogolpe contra la Asamblea Nacional que ha infligido el ahora dictador Nicolás Maduro,  a través de un digitado y genuflexo Tribunal Supremo de Justicia. Es un golpe de Estado descarado y repudiable que la comunidad democrática internacional tiene que condenar con absoluta firmeza.  

Nosotros  los peruanos estamos de vuelta del “fujimorazo” de 1992, mientras gran parte de América Latina recobra paulatinamente el cauce democrático; pero, desgraciadamente, tenemos aún lunares dictatoriales como Cuba y  Venezuela, que debemos rechazar y denunciar ante las instancias correspondientes, como la OEA.

Allí debe activarse la Carta Democrática para estudiar mecanismos de sanción contra el régimen chavista y de remediación de la crisis institucional, así como en solidaridad con los sufridos venezolanos cuya voluntad democrática popular pretende ser pisoteada y desconocida. A través del voto mayoritario en las ánforas, la mayoría de venezolanos eligió  un Parlamento con mayoría opositora al chavismo,  que ahora el régimen quiere desaparecer de un zarpazo, con el llamado “madurazo”.

No puede haber contemplaciones con un Gobierno que, aparte de inepto, corrupto y empobrecedor, ha rebasado todos los límites de la institucionalidad y la convivencia democráticas. El régimen de Nicolás Maduro se caracteriza por el abuso y la intolerancia,  tiene más de 100 presos políticos, confisca o amedrenta medios de comunicación independientes a  través de la amenaza o de ‘leyes’ a medida de sus objetivos, y hace descaradamente  tabula rasa del ya endeble equilibrio de poderes.

INCONSTITUCIONAL E INOPORTUNO

Tornando a nuestro país, al  Proyecto de Ley N° 1027/2016-CR, ahora supuestamente retirado, que supuestamente protegía “las libertades y derechos informativos de la población”, a primera vista llamó la atención el momento en que se presentó, justo cuando el país atraviesa un crítico momento, teñido de tragedia social, por los huaicos e inundaciones que afectan al país con saldo lamentable de muertos, heridos y damnificados por doquier. Aquí cuando lo que urge es unidad frente a la adversidad y la atención debe estar concentrada en llevar ayuda y pensar en un plan de reconstrucción es que se presentó un proyecto tan absurdo como polarizador y confrontacional.

¿A quién le convenía esto? ¿Acaso era un proyecto con nombre propio para fines revanchistas o amedrentadores? ¿Con qué autoridad moral este grupo de fujimoristas pretendía aprobar este proyecto cuando tenían como par congresista (es decir promotor de leyes del país) y secretario general a un acusado por lavado de activos?

Luego, en cuanto al fondo, el proyecto señalaba que una persona por el solo hecho de haber sido denunciada o estar investigada, estaba impedida de  dirigir un medio de comunicación, lo que resultaba totalmente lesivo al marco constitucional. Como acertadamente apuntó la Defensoría del  Pueblo, la iniciativa fujimorista “colisiona directamente con derechos y libertades reconocidas en la Constitución, tales como la libertad de expresión, el derecho a la presunción de inocencia, entre otros”.

Según la Carta Magna, efectivamente,  todos somos inocentes hasta que se demuestre fehacientemente, y con el debido proceso, lo contrario. ¿Y si tres años después se demuestra la inocencia? ¿Cuánto daño puede causarse?  ¿Y por qué esta norma aplicaría solo a  los denunciados por corrupción y no para los terroristas, narcotraficantes o criminales? ¿A qué obedece el distinto rasero? Y, en un plano más amplio, ¿podemos imaginar que un congresista pierda su inmunidad y hasta su cargo por una simple denuncia?

CANAL N: NO SE PUEDE SILENCIAR UN MEDIO

En lo personal, debo recordar que en la época en que la dupla Fujimori-Montesinos manejaba el país, yo estaba a cargo de Canal N donde justamente, y tras pensarlo mucho, publicamos el histórico video donde Montesinos “compra” a Kouri, que fue lo que finalmente desencadenó la caída de la dictadura. Si entonces hubiera habido una ley como la que se pretendía  ahora, eso no hubiera sido posible, pues cualquier persona me hubiera puesto una denuncia y no habría podido dirigir Canal N.

Eso es lo que no podemos aceptar. Con el proyecto fujimorista bajo comentario, si alguien quisiera silenciar a un medio incómodo, hubiera bastado simplemente con plantear una denuncia al director o al editor para sacarlo del camino. Esto no solo perjudicaba al periodista, editor o al medio de comunicación, sino que tendría directas repercusiones en el sistema democrático, ya que pendería permanentemente una espada de Damocles sobre los medios que, en estas circunstancias, no podrían informar con libertad y rigor y finalmente los ciudadanos no recibirían la información a que tienen derecho.

¿VEEDURÍAS?  “LO VERAZ” vs “¡YA VERÁS!”

Hay otro aspecto del Proyecto de Ley N° 1027/2016-CR que resultaba igualmente controversial e inaceptable, y se refiere a la creación de una “veeduría ciudadana” que dependerá del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, supuestamente  para garantizar que los medios de comunicación brinden información “neutral y desinteresada”, y facultaba a dicho ministerio a tomar acciones para dicho objetivo.

En lo práctico, ¿se imaginan al MTC monitoreando a todos los medios de comunicación del país, en lugar de dedicarse a las tareas que sustancialmente le corresponden como la reconstrucción de carreteras y puentes dañados por los huaicos y las inundaciones? ¿Y quiénes serían los funcionarios que definirán, y con qué criterios y en qué nivel,  “lo veraz”, “lo neutral” y “lo desinteresado”?

¡Óptica estatista, mucho controlismo y peligrosísima  discrecionalidad!

Para la Defensoría del Pueblo, la creación de dicha veeduría “implicaría un claro riesgo de control indirecto sobre los contenidos que difunden los medios de comunicación”, lo que afecta directamente los derechos a la libertad de prensa, información y opinión. La Constitución Política del Perú (art. 2) garantiza que “Toda persona tiene derecho a (inc. 4)  las libertades de información, opinión, expresión y difusión oral del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos”.

Y eso es lo que defendemos. Por lo mismo, la intervención de un organismo burocrático estatal configuraría un burdo impedimento u obstrucción para el ejercicio de este derecho, y sería más un instrumento de coerción o amedrentamiento, y peor aun, persecución gubernamental, como lo demuestran las oscuras experiencias de los gobiernos autoritarios de Ecuador y  Venezuela.

En Ecuador, el saliente presidente Correa (cuyo delfín Lenín Moreno disputa la segunda vuelta)  promovió una nueva “Ley de Comunicación”, que incluye figuras como el ‘linchamiento mediático’ y el ‘derecho a recibir información de relevancia pública veraz’, que igualmente limitan la actividad informativa y hacen posible denunciar fácilmente a los medios de comunicación, amenazados y expuestos a arremetidas judiciales del Gobierno. Allí la absurda exigencia por información ‘veraz’ se convierte en una herramienta gubernamental  de amenaza y amedrentamiento, como para decir, en lenguaje criollo, a los medios críticos: “¡ya verás!”

Tal como lo advierte el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Roberto Rock, el proyecto fujimorista “es aun más grave que muchas disposiciones dictadas en la propia Venezuela. La misión de la prensa es brindar información objetiva, neutral, veraz, y el público exige esa misión, pero cuando esto lo decide un burócrata, como dispone el proyecto a través de las veedurías, se presenta un gran problema. Permite al gobierno presionar a los medios estableciendo disposiciones reglamentarias que limitan la libertad de expresión (…) En Venezuela se han cerrado medios de comunicación al amparo de este tipo de leyes”.

ATENTOS ANTE ANUNCIADO PROYECTO DE REEMPLAZO

Como puede verse, el argumento de que la motivación del proyecto es “proteger los derechos de la población” es no solo anacrónico y manido, sino que ha sido utilizado aviesa y populistamente por gobiernos autocráticos o autoritarios para mantener a raya y sojuzgada a la prensa independiente o incómoda. Por lo mismo, fuera de cualquier eufemismo, proyectos como el comentado, propuesto por el fujimorismo, resultan incompatibles con un Estado democrático, y son contrarios al marco constitucional y a los tratados internacionales (y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) que el Perú ha suscrito, y  constituiría un retroceso inaceptable en la consolidación democrática.

En un Estado democrático impera la Constitución; la libertad de información, expresión y opinión, así como de fundar medios; la competencia,  el pluralismo de medios y de ideas, y la autorregulación; y es el público, la sociedad civil,  el que elige qué medio usar, sin ninguna injerencia del Estado, cuyo deber es proteger y garantizar la libertad de información y el debate plural de ideas.

Creo que aún estamos a tiempo y debe primar la cordura. El fujimorismo y sus congresistas tienen que haber aprendido del pasado y darse cuenta, con una mirada histórica, que cualquier recorte a la libertad de prensa es un baldón para la democracia y un pesado lastre para el desarrollo económico y social, como lo vimos en el régimen de los 90.

Es hora de avanzar y no de retroceder. Se trataba de un proyecto indefendible, se mire por donde se le mire, que ningún partido democrático puede apoyar. Debemos estar muy atentos a las nuevas iniciativas sobre la materia, anunciadas por las representantes fujimoristas, teniendo en cuenta todas las consideraciones, advertencias y peligros aquí reseñados. 

Si usted ha podido leer hasta aquí es que gozamos de libertad de expresión completa pero “ojo el Proyecto en cuestión tiene una especial amenaza para los entornos digitales. Añadido a que es un proyecto de control de contenidos y que busca la censura previa, añade que afecta directamente a los bloggeros, youtubers, desarrolladores de  portales de información, y en general a todo aquel que genere contenidos en entornos digitales, puesto que el mismo blogger, youtuber, desarrollador de contenidos es considerado editor, director periodístico, productor y responsable en la línea editorial de sus contenidos; es decir el proyecto no solo afecta a los medios de comunicación tradicionales, sino que en entornos digitales afecta a todo aquel que desee utilizar las plataformas digitales para divulgar sus ideas”.

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