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Debate público y "ley mordaza": lo que no entienden algunos fujimoristas

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Foto: publico.es

Sorprende y preocupa mucho no solo la insistencia  de las congresistas fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo en el absurdo y riesgoso proyecto para intervenir en la gestión de  medios de comunicación, sino también su enfoque rayano en oscurantista y ajeno a las formas democráticas.

Luego de verse obligadas a retirar el proyecto inicial y presentar otro maquillado pero igualmente peligroso, Aramayo no aclara fehacientemente  las graves denuncias de extorsión que la implican junto con su padre, mientras  Letona critica que el debate en torno al proyecto "se haya dado desde los medios de prensa y no en el Congreso de la República, donde debería haberse dado… La discusión se ha llevado a través de editoriales”.

Por si no lo saben estas legisladoras, el Congreso es un poder del Estado donde un grupo de representantes delibera, legisla y fiscaliza en nombre de los mandatarios, que son los ciudadanos que los eligen. Y, por lo mismo, está obligado a rendirles cuenta de modo permanente, para lo cual la apertura a las opiniones de otros y transparencia de sus sesiones es la norma, de la que solo se exceptúan asuntos relativos a la seguridad nacional o a la vida íntima. Los ciudadanos no pueden ser excluidos del debate público.

DEL ÁGORA A LAS PLAZAS…

Por lo mismo, la expresión de Letona es totalmente desafortunada, pues en los orígenes y desarrollo de la democracia, tal como la conocemos, está el debate público, sea en el ágora ateniense, en las plazas o en los cafés. Es de allí, del debate libre de ideas que se nutre la historia de la democracia y del que finalmente resultan, en conjunción con una serie de circunstancias, el fin del feudalismo y la monarquía, y  el auge de la burguesía e instituciones como el mismo Parlamento.

¿Y cómo se comunican los ciudadanos? Pues a través de los medios de comunicación, que en tal razón se constituyen en  un pilar fundamental del sistema democrático, vehículos de información y también difusores y formadores de opinión. Muchos teóricos de la comunicación y la política  así lo comprueban y afirman; y uno tan reputado y conocido como Jürgen Habermas llega a decir en su “Teoría de la Esfera Pública” --que la conforman los ciudadanos y se contrapone a la Esfera del Estado--, que en el entremedio se ubican necesariamente los medios de comunicación, como enlaces de ida y vuelta entre una y otra.

En la democracia representativa y deliberativa esto es un principio insoslayable, del que fluyen otros,  como el propio respeto por la libertad de prensa y opinión, como base del propio sistema democrático, y por la autonomía  e independencia de los medios de comunicación.

POR EL PLURALISMO Y LA AUTORREGULACIÓN

En democracia se promueve el pluralismo y la competencia, para que los ciudadanos puedan escoger  el medio que más les plazca, así como la autorregulación, precisamente para evitar cualquier sesgo de censura o  autocensura. Por ello se dice que los delitos de prensa deben ser sancionados por el Código Penal y que la mejor ley de prensa es la que no existe. ¿Se imaginan, como proponían antes, un órgano estatal controlando diariamente cuál información es “veraz” y cuál no, en un  laberinto burocrático expuesto a la manipulación y el intervencionismo?

De ahí que el debate público y la libre expresión de ideas no pueden estar sujetos a corsés o  ningún mandato imperativo, como los que ahora se pretende imponer desde el Congreso, sin motivación ni necesidad suficientes, como ya lo hemos explicado previamente; y que se contradicen rotundamente con los principios y bases  del sistema democrático y de la libertad de prensa, así como con el debate libre de ideas y de rendición de cuentas al ciudadano, que debe informarse y opinar a través de los  medios de comunicación. 

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