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No a la corrupción ni al inmovilismo

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Foto: La Prensa

Llueve sobre mojado, pero eso no puede ni debe arredrarnos. Lo más urgente ahora es superar el estado de pasmo y desconfianza actual, para recuperar el optimismo, la esperanza y retomar el rumbo del país. ¡Un shock de confianza!

Es verdad que el escándalo de corrupción alrededor de la empresa Odebrecht ha removido fuertemente al Estado Peruano, lo que incluso ha obligado a corregir, a la baja, las previsiones de crecimiento del PBI (en más de 1 punto) y mantiene en ascuas varios proyectos e inversiones. Un clima difícil para los negocios que tiene que  ser despejado.

Sin embargo, antes de que explotase este escándalo, que viene de atrás, ya el Ejecutivo y otras entidades del Estado, como el Congreso, venían atravesando estadios críticos que se reflejaban en carencia de liderazgos, contramarchas y problemas de comunicación, así como  absurdos enfrentamientos que llevaron a notorias bajas en  la aprobación ciudadana, como reflejan las encuestas. A ello habría que sumar la ocurrencia de  fuertes  lluvias y una ola de huaicos que amenaza a varias regiones ahora en emergencia que, aparte de demandar acciones urgentes de ayuda, han causado cierto retraimiento en el desarrollo regional.

Hay, pues, razones para preocuparse, lo que debe llevar sobre todo al Gobierno, pero también a los  representantes de las agrupaciones políticas en el Congreso, así como del Poder Judicial y el Ministerio Público,  a actuar a la altura de las circunstancias tan críticas para tomar las decisiones adecuadas.

SALTA LA PODREDUMBRE, PERO…

Claro que es triste, indignante y descorazonador, para el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática, conocer en su real dimensión los recovecos de la corrupción, que creíamos confinada a regímenes autoritarios o dictatoriales, como el fujimontesinista; y comprobar cómo funcionarios y políticos que creíamos íntegros, como el ex presidente Alejandro Toledo, revelan su verdadera entraña de aprovechamiento de la cosa pública.

Mucha decepción de los políticos y del sistema, es verdad. Pero esto no puede llevarnos a la generalización, el fatalismo ni  menos al inmovilismo, lo cual sería absolutamente irresponsable, pues están en curso proyectos de infraestructura de gran envergadura, como carreteras, puentes, represas, que debían contribuir al desarrollo regional. Por  el contrario, tiene que  analizarse lo sucedido y tomar las acciones urgentes y necesarias para remediar los yerros y evitar que se sucedan en el futuro.

En el caso de Odebrecht, por ejemplo, llama la atención, primero  la sofisticación de los métodos de corrupción y rapiña contra el Estado. Las coimas ya no se dan en efectivo y a media luz, parapetados en una esquina, sino a través de contratos tramposos, decretos con nombre propio y adendas tan sospechosas como millonarias.

Luego, es triste comprobar que la corrupción, que creíamos era propia de regímenes autoritarios y dictatoriales, como el fujimorista de los años 90, también se da en gobiernos democráticos, lo cual no invalida este sistema --que siempre será mejor por las garantías de libertad, competencia y respeto de los derechos humanos-- sino por el contrario obliga a revisar sus instituciones y procedimientos.

Asimismo, debemos subrayar que estos problemas vienen de muy atrás. El actual Gobierno,  efectivamente, heredó estos problemas de los  anteriores, cuyas veleidades con proyectos y fondos públicos rozan lo criminal y están aún por descubrirse en su verdadera dimensión.

SENTARSE A LA MESA A DIALOGAR Y CORREGIR

En cuanto a la reacción del Poder Ejecutivo, ha sido algo tardía pero finalmente más clara. En el último mensaje a la nación el presidente Pedro Pablo Kuczynski  ha anunciado una serie de medidas para prohibir la participación de empresas corruptas en negociaciones con el Estado, inmovilizar sus cuentas y resarcir al Estado, así como detectar a funcionarios con antecedentes de corrupción. Estamos pendientes de su urgente aplicación.

Complementariamente, debemos saludar que se haya designado partidas adicionales para el Ministerio Público, entidad fundamental en la administración de Justicia, que está teniendo un rol positivo y protagónico en este caso. Se tomó su tiempo para ahondar las pesquisas, reunir evidencias  y solicitar la prisión preventiva de los principales implicados, y ya  se nota avances, por lo que hay que dejar trabajar a fiscales y jueces  del sistema anticorrupción, de los que se espera mucho para el saneamiento moral de la nación.

En tanto, el Congreso no puede ser un convidado de piedra en esta grave coyuntura; y, en lugar de insistir absurdamente en enfrentamientos y críticas absurdas contra los fiscales del caso y el Ministerio Público, tienen que abocarse a analizar los yerros y vacíos dentro del aparato estatal y el marco regulador que han permitido se cometan tantas afrentas y robos del dinero de todos los peruanos.

La responsabilidad recae, sobre todo, en la mayoría oficialista, cuando se presenta una gran oportunidad para retomar los postergados proyectos de reforma del Estado, lo que debe hacerse en coordinación con el Poder Ejecutivo.

RETOMAR EL CAMINO… UN SHOCK DE CONFIANZA

Lo que  también espera la ciudadanía son acciones claras de mejoramiento del sistema legal, y revisión de sus filtros, todo ello sin anteojeras políticas ni agendas partidarias  electoreras, lo cual sería tremendamente mezquino y contraproducente. Hay que mirar adelante, en lo que igualmente deben poner el hombro instituciones como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y otras entidades de la sociedad civil.

Llueve sobre mojado… Pero nada puede arrebatar a los peruanos su justa y necesario expectativa de dar el salto cualitativo para ser un país desarrollo, que atraiga inversiones, dinamice la economía  y cree empleo;   que reduzca la pobreza y promueva la movilidad social; con instituciones  sólidas y cotidianamente legitimadas; con un sistema de administración de justicia que dé a cada cual lo que le corresponde y castigue el crimen, la corrupción y la impunidad; y con políticos que dialoguen para lograr consensos en favor del bienestar nacional.

Tenemos derecho a soñar. Estábamos por el buen camino y estamos a tiempo de retomarlo. Antes de la crisis de Odebrecht el Perú crecía sosteniblemente a más de 5% y éramos una de las economías más estables de la región. La corrupción no puede detenernos.  Depende del presidente, de  las autoridades, de los políticos y de cada uno de nosotros, los ciudadanos. Hay que exigir, pero también dar y participar. Manos a la obra y cucharón a la olla, para sentarnos a la mesa a dialogar pensando en el Perú que queremos, próspero e integrado para todos.

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