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Radiografía de una matanza: Informalidad, corrupción y salud mental

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Foto: La República/Jorge Cerdán

"¡Parecía que estábamos en Norteamerica Estados Unidos!”, decían  muchos al ver la noticia. Y no era por nada bueno, sino por la matanza perpetrada el pasado viernes 17 en el distrito de Independencia por un sujeto desquiciado, de carácter irascible y amante de las armas. Una combinación realmente mortífera que mató a cinco personas e hirió a una docena, en una escena que creíamos más propia de la potencia norteña, pero que ha puesto en evidencia una serie de problemas desgraciadamente muy nuestros.

En cuanto a Estados Unidos, efectivamente, ¿quién no recuerda los horrendos crímenes de Florida o Charleston y muchos otros? Según investigaciones del FBI, desde 1996 hasta el 2012, casi un tercio, es decir 90 de 292  de los crímenes colectivos con armas de fuego (“mass shootings”, donde 4 o más personas son asesinadas), se cometieron en territorio estadounidense. (http://edition.cnn.com/2016/06/13/health/mass-shootings-in-america-in-charts-and-graphs-trnd/).

Sin embargo, cada país tiene su propia idiosincrasia y realidad. En la primera potencia mundial cada matanza despierta olas de debates, horror e indignación masiva, no solo contra los asesinos, sino también contra el marco normativo y obsoleto que los ‘lobbies’ de fabricantes de armas se resisten a cambiar.

En Estados Unidos, por una interpretación conveniente de la Constitución existe, lo que para muchos es un factor decisivo en las matanzas, libertad para vender y comprar armas; y hay  tantas armas como habitantes… ¡aproximadamente 350 millones! Incluso el ex presidente Barack Obama lanzó en su mandato varias iniciativas para modificar la ley, pero la mayoría republicana en el Congreso, influenciada por el poderoso ´lobby´ de la NRA (Asociación de Fabricantes de Armas) las desechó irresponsablemente contra el clamor de importantes  mayorías.

LO NUEVO Y LO VIEJO EN INDEPENDENCIA 

En el caso del Perú, no tenemos ese problema de rango constitucional, pero sí muchos otros que podrían contribuir a exacerbar el clima de violencia y que de haber sido abordados a tiempo y con eficiencia,  incluso podrían  haber evitado muertes como la de Independencia.

Primero, en cuanto a la lucha contra la inseguridad y  el crimen, llaman la atención dos cosas: Por un lado,  hay que felicitar la valiente reacción del suboficial Lorenzo Machaca quien, en su día de descanso, no rehuyó su responsabilidad y  abatió al criminal que, luego de matar a 4 personas, aún seguía disparando a diestra y siniestra en el centro comercial de Independencia. Sin embargo, del otro lado, sorprende --y tiene que ser motivo de mayor análisis y explicación por el alto mando policial y las municipalidades involucradas— el tiempo que tuvo el criminal para actuar en dos lugares.

Todo empezó la noche del viernes 17 cuando, en una operación de rutina,  el gerente de fiscalización de Los Olivos, Martín Zavaleta, intervino a Eduardo Romero por vender comida en la calle sin contar con los permisos correspondientes. No obstante, la reacción de este fue totalmente inusitada, pues le disparó tres balazos al inspector dejándolo en estado grave. Allí no acaba todo. Tras dicho  ataque, el asesino fue a su casa a sacar otra arma y municiones, y se dirigió luego al centro comercial de Independencia donde mató a varias  personas.

¿Y qué pasó entre el primer ataque y el segundo, que se calcula puede haber durado una hora aproximadamente? ¿Qué mecanismos policiales de reacción y seguimiento fallaron  en una emergencia como esta para dar tanto tiempo de reabastecerse  y volver a matar a este asesino? ¿Y, más aun tratándose de un funcionario municipal, cómo es que el servicio de Serenazgo no activó una operación de urgencia para coordinar con la Policía Nacional y dar con el criminal?

TODO FALSIFICADO… 

Luego, se informó que el criminal tenía licencia vencida para portar armas y estaba tramitando la renovación, la que le fue negada porque sus documentos no estaban en regla. Ante todo, ¿cómo logró tener licencia la primera vez? ¿Y qué hace la entidad de rimbombante nombre como la Sucamec  (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil) con quienes no aprueban el trámite pero se sabe que cuentan con armas? ¿De qué sirve modificar la ley para portar armas si finalmente todo se diluye en el mundo del desorden, la informalidad y la corrupción?

El criminal, según se ha conocido, había presentado un certificado psicológico falso, como lo han confirmado en el hospital San José, lo que ya de por sí es reprobable y sospechoso. ¿Y qué se ha hecho para determinar dónde consiguió este documento falso? ¿Han hecho las municipalidades respectivas alguna inspección en el jirón Azángaro y otras zonas del Callao donde siguen vendiendo copias falsas de cualquier certificado o diploma?

O “TODO ARREGLADO”

Allí no acaba todo. El mismo jefe de la Sucamec, Rubén Rodríguez, ha denunciado, sin ruborizarse, que en los alrededores de su entidad, en el distrito de Magdalena del Mar, “existe un grupo de tramitadores que ofrece el certificado de aptitud para las licencias en policlínicos autorizados por el Ministerio de Salud"; e incluso mencionó el nombre de un policlínico que prácticamente vende los certificados sin pasar por ninguna evaluación psicológica. ¡Y qué hacen la Sucamec y el Ministerio Público ante esto! Pues flotando en el reino de la indolencia, en este caso rayana con la complicidad, lo que demanda una reacción al más alto nivel del Ministerio del Interior y del Gobierno.

Y, por si esto fuera poco, y si consideramos solo a los centros formales y confiables en sus evaluaciones, el decano del Colegio de Psicólogos de Lima, Elmer Salas,  ha declarado que los exámenes psicológicos para obtener la licencia de armas no son lo necesariamente rigurosos y que “a veces, la rapidez nos hace perder la esencia del examen”. ¿Y nos quedamos de brazos cruzados? Con esta realidad tan patética e irresponsable, prácticamente cualquiera, incluso los delincuentes,  puede portar armas, lo que tiene enormes y gravísimas consecuencias en la inseguridad ciudadana.

SALUD MENTAL EN SALMUERA

Y para no ser tan pesimistas, pues al menos este execrable crimen haya servido para poner sobre la mesa de debate público el tema de la salud mental de los peruanos. Preocupante: Según  los expertos, un gran porcentaje de peruanos tiene problemas de personalidad y otro tanto sufre de trastornos mentales, pero no cuentan con la atención necesaria. Como informa el director ejecutivo de la Dirección de Salud Mental del Minsa, Yuri Cutipé, en los centros del ministerio han sido atendidos más de 900 mil personas el año 2016, lo que va en aumento, pero la demanda es mucho mayor. Queda mucho por hacer aquí.

A propósito de ello, tenemos que advertir sobre las pretensiones de ciertos grupos, felizmente pocos, sobre todo en las redes sociales como Facebook, de pretender ensalzar la acción criminal de Romero Naupay, lo que revela otra patología social que debe señalarse y afrontarse en todos los ámbitos. Hay que llamar a las cosas por su nombre: la vida es el primer derecho fundamental y nadie tiene derecho a atentar contra ella; por lo que esto es un asesinato cruel y alevoso que debemos repudiar absolutamente. 

Finalmente, tiene que abrirse espacios para la reflexión y la crítica. Ante este panorama tan desolador que ha costado la vida a varios inocentes, urge no solo una investigación  policial y municipal exhaustiva para dar respuesta a las interrogantes planteadas para detectar vacíos, yerros y sanciones, sino también un replanteamiento general de las entidades encargadas del control de armas, de la seguridad ciudadana y de la salud mental del país. ¡No esperemos otro crimen como este para prevenir y actuar como es debido!

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