El presidente Ollanta Humala y el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, han salido presuroso a anunciar diversas medidas para contrarrestar la desaceleración de la economía peruana, en lo que se ha conocido como el “Plan de Reactivación”. Esta respuesta implica desde cambios en la ley de contrataciones con el Estado, la ley de seguridad y salud en el trabajo y la ley de medidas tributarias.
Espacio360 tuvo acceso a los documentos claves que serán la base de la sustentación del Gobierno ante el Pleno del Congreso en busca de su aprobación.
Contrataciones del Estado
El primer punto de este “Plan de reactivación” está referido a la Ley de Contrataciones del Estado. Pero resulta sintomático que uno de los principales puntos en esta reforma esté referido a las contrataciones de familiares de funcionarios públicos con el Estado.
El Ejecutivo ha decidido reducir los impedimentos de dicha norma a fin de que solo los familiares de los funcionarios que tienen poder de influencia en el proceso de compra estarían impedidos de contratar con el Estado. Asimismo, se cambiaría el impedimento para contratar a los familiares que fueron proveedores frecuentes del Estado. Esto le cae a pelo a varios congresistas que tienen a sus familiares contratando con el Estado. El nacionalista Jhon Reynaga, entre ellos.
El Gobierno también propone que las contrataciones cuyo valor no supere las 8 UIT estarán fuera del ámbito de la ley, aunque supervisadas por la Osce, inscritas en el Registro Nacional de Proveedores y sujetos a las causales de impedimento.
Además, se plantea eliminar el uso del "valor referencial" para la contratación de bienes y servicios. Desde ahora, dice el plan del gobierno, se utilizará el "valor estimado, el cual no será un parámetro para rechazar una oferta". Es decir, carta abierta para aumentar los precios a discreción.
En esa línea, el Ejecutivo también ha decidido aumentar a 25% la aprobación de adicionales de obra. Continuando con la flexibilidad, el Gobierno ha decidido que no va a inhabilitar a todos los proveedores que cometan faltas. Ahora la medida será solo para "faltas graves" y en los demás casos solo constará una sanción económica.
De otro lado, se anuncia la implementación de una Junta de Resolución de Disputas (Dispute Boards) para "proyectos de gran envergadura), además de la creación de registro de árbitros y el Consejo de Ética para los mismos.
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Acá se plantean modificaciones específicas a los artículos 26, 32 y 49 de la referida ley. El punto más importante está referido a que los empleadores podrán suscribir contratos de locación de servicios con terceros.
En esa línea, el Ejecutivo también busca empoderar a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), otorgándole un plazo de tres años a fin de que el Sistema de Inspección del Trabajo privilegie acciones orientadas a la prevención de conductas infractoras.
Luego se establece un listado de multas que serán aplicables referidas a infracciones como "la libertad de asociación y libertad sindical", "la normativa vigente sobre la prohibición de trabajo forzoso", "actos de obstrucción a la labor inspectora", entre otros.
Medidas tributarias para la promoción de la inversión
Acá viene el punto que quizás genere mayor controversia. Y está referido a la eliminación del efecto "desincentivador" de la capitalización de intereses por el periodo del 31/12/1998 hasta el 31/12/2005 concerniente a la deuda tributaria registrada por Sunat. Esto beneficiaría, entre otros, a Telefónica.
Por ello, la medida también exige, a modo de tapar el beneficio, que los administrados desistan de los procedimientos de impugnación para acceder al régimen planteado por el Gobierno. "Esta propuesta no da lugar a compensación ni devolución de monto alguno", agregan.
De otro lado, se proponen aumentar de 5 a 15 UIT el monto de la deuda tributaria que puede garantizarse con caución juratoria.
Asimismo, los agentes de Aduana podrán destruir documentos luego de 5 años de custodia.
Sobre las medidas resaltan varias dudas y sospechas que el gobierno deberá explicar, no solo ante el Congreso, sino también ante la ciudadanía.
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